Publicaciones          DERECHO ADMINSTRATIVO Y SISTEMAS DE REGULACION INDICE Discurso de Inauguración DERECHO ADMINISTRATIVO Y ESTADO DE DERECHO   DISCURSO DE SU EXCELENCIA, Gral. HUGO BANZER SUAREZ, PRESIDENTE DE BOLIVIA, EN LA INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO, LEIDO POR EL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, DR. FRANZ ONDARZA LINARES. Entorno Global y desarrollo democrático En los últimos años del presente siglo, la humanidad vive el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología, especialmente en el campo de la informática, en el contexto de globalización y la virtual eliminación de barreras económico-financieras y las fronteras físicas y sociales. Con la internacionalización de la economía, los capitales y demás factores de la producción, ahora pueden fluir libremente entre los países, en busca de oportunidades de inversión, para lo cual es necesario una adecuada estabilidad jurídica e institucional en el ámbito nacional e internacional. Pero, lo más importante, es que este acontecer, que involucra a todas las sociedades del mundo, en América Latina se desarrolla en el marco de la democracia como forma de gobierno y de la economía de mercado como modelo socioeconómico. Democracia, que se afianza cada día en la conciencia de los hombres y mujeres de nuestros pueblos, como la única manera de convivencia y organización social. Democracia que progresivamente permite la efectiva participación de los ciudadanos en las decisiones, respecto a su presente y futuro y que, al fortalecerse, hace más transparente y posible la fiscalización de los actos públicos. Democracia que no sólo es un sistema político-institucional, sino un sistema de vida para el hombre que protege su libertad y su dignidad. Economía de mercado que superó el modelo del estatismo y de su paternalismo en la economía, permitiendo al ciudadano, como lógica consecuencia del sistema democrático, ser el protagonista de su destino, basándose en su propia voluntad, esfuerzo e iniciativa personal. Por estas razones, es preciso que la sociedad desde sus mismas bases, encuentre formas de fortalecer la democracia y de prevenir las injusticias sociales, que se originan a consecuencia de una inadecuada actuación del Estado y de una excesiva acumulación de privilegios en pocas manos. Nuevo papel del Estado Con estas premisas, no cabe duda que es necesario postular un nuevo Estado, que juegue un papel fundamentalmente formulador de políticas públicas, normador y regulador de la economía y de las actividades de los miembros de la sociedad, buscando el bien común y garantizando, al mismo tiempo, un equilibrio entre el poder público y el efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos. Aquí es donde reside la verdadera característica del tipo de Estado y sociedad que desea tener cada país, cuya construcción solamente es posible con el concurso de sus habitantes. Lo anterior implica una amplia predisposición de todos, para concebir y aceptar la importancia de convivir en una sociedad donde tenga plena vigencia el Estado de Derecho, que esencialmente significa la subordinación de la administración pública al ordenamiento jurídico. La conformación de este nuevo Estado, requiere de un largo proceso de aprendizaje y de cambios de actitud y comportamiento por parte de los servidores públicos, acostumbrados a un papel de meros ejecutores de acciones o tareas que siguen siendo llevadas a cabo, en algunos casos, por ausencia de actores sociales privados o, en otros, por meras concepciones estatistas. El gobierno, con este propósito, ha diseñado un esquema de gestión pública, en el que, al nivel de la estructura ministerial, se conciben dos esferas claramente definidas: una esencialmente política, que corresponde al nivel de Ministros y Viceministros, y otra, básicamente técnica, que corresponde a los Directores Generales y Servicios Nacionales, cuyos miembros deben tener la garantía de pertenecer a la carrera administrativa. En el campo de la descentralización, también hemos concebido una estructura, en la que al margen de fortalecer el Municipio como administradora de acciones importantes como la salud, educación y gestión social, se ha definido a las Prefecturas de Departamento como los brazos ejecutores de las acciones operativas del Poder Ejecutivo, a través de los Servicios Departamentales. Sin embargo, no basta una adecuada organización, también es fundamental que la administración pública desarrolle sus actividades con respeto y estricto sometimiento a la Ley, garantizando una gestión idónea, transparente y efectiva, buscando el mejor interés público, con estabilidad institucional y con la puesta en práctica de procedimientos administrativos claros y comprensibles para todos. Derecho Administrativo y Estado de Derecho La estabilidad institucional, sólo será posible a través de la vigencia de un Estatuto del Funcionario Público, que establezca claramente los derechos y deberes de los servidores públicos, para lo cual es necesario también un cambio de cultura, tanto del propio funcionario, como de la comunidad en general que todavía tiene una percepción basada en las prácticas del pasado. La formula es simple: el Estado tiene que cumplir y hacer cumplir la ley, y esto incluye al funcionario público antes que a nadie, mientras que el actor social privado puede hacer todo lo que la ley no prohiba. Objetivo que, en gran medida, podrá ser alcanzado con la aplicación de los preceptos del Derecho Administrativo, definidos como el conjunto de normas que orientan y dirigen relaciones entre las instituciones del Estado y, a su vez, de éstas con la población en general. También tenemos que erradicar el pesimismo y la prédica demagógica, con el fin de que los miembros de nuestra sociedad asuman su cuota de responsabilidad en la construcción del nuevo Estado, cumpliendo con las normas y participando proactivamente en su conformación y desarrollo, pensando en el bien común antes que en su interés particular. Esta transformación que demanda la realidad económica vigente en la mayor parte de las sociedades de nuestro planeta, con amplias repercusiones sociales, recién lentamente esta siendo asimilada y analizada en su verdadera dimensión. Nueva realidad que debe ser encausada dentro del camino de la justicia social y la justa distribución de la riqueza, como principio esencial de la convivencia social. Aunque la Asamblea de las Naciones Unidas en su reunión de 10 de diciembre de 1948, dentro de los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre ya lo proclamó, se avizora recién como una real perspectiva a futuro próximo, la estructuración de un "Estado Social de Derecho" cuya organización, su capacidad de servicio y la asistencia de seguridad colectiva, estará orientada a resolver los problemas estructurales de nuestra sociedad. En este sentido, el Derecho Administrativo, como instrumentos de ejecución, juega un papel preponderante, regulando las relaciones entre el Estado, como ente gestor de la administración pública, y los ciudadanos. Sistemas de Regulación El tránsito hacia una economía desregulada, en una sociedad como la boliviana, con tantos problemas de tipo estructural, no es sencillo. Por una parte, se necesita la presencia de empresarios con una visión de largo plazo, que sepan asumir los riesgos del mercado, más aún cuando éste es imperfecto e incipiente. Por otra parte, tenemos que hacer un gran esfuerzo en capacitar nuestros recursos humanos, para obtener mayores niveles de productividad y competitividad económica, tanto interna como externa. Las empresas estatales que han sido sustituidas por inversionistas privados, en la mayoría de los casos operan servicios básicos de carácter público, dirigidos a una población de reducidos ingresos y economía marginal. Lo que plantea un nuevo desafío para el Estado y la sociedad, que no solamente debe regular estas actividades, sino contribuir a que los agentes económicos realicen los esfuerzos e inversiones necesarias para reducir sus costos y expandir su cobertura en favor de la mayor parte de la población, en condiciones sociales aceptables. En este marco, están surgiendo con fuerza nuevas instituciones que deben velar por la adecuada aplicación de la justicia y del poder público, así como de la regulación y supervisión de las actividades económicas principalmente monopólicas y financieras. En consecuencia, la regulación y supervisión en el terreno económico y financiero, forman parte importante de la Gobernabilidad, definida como la capacidad de administrar una sociedad manteniendo equilibrios de los diferentes factores de poder, dentro de principios de justicia y equidad. La Gobernabilidad, es una forma de alcanzar el bien común que es el bien de todos y de cada uno de los ciudadanos. Debido a las atribuciones conferidas por Ley, las entidades de regulación y supervisión realizan acciones que antes eran privativas de los Ministerios del Poder Ejecutivo y están protegidas de las presiones políticas circunstanciales por ser instrumentos institucionalizados, enmarcados en procedimientos administrativos claros que permiten cumplir con sus objetivos, que en última instancia deben perseguir la protección del consumidor final y del ahorro interno, en el caso del sector financiero. El Estado de Derecho no significa solamente la preminencia de la juridicidad, sino también garantizar la capacidad de defensa del ciudadano frente a los privilegios del Estado. Con este propósito, en nuestro país contamos con los sistemas de regulación como instrumentos que garantizan la libre competencia, evitando, como dice nuestro ordenamiento jurídico, los actos que la impidan, restrinjan o distorsionen y, en otros la solvencia de las entidades financieras o el adecuado control de la explotación de recursos naturales renovables. Es importante destacar que los Sistemas de Regulación actúan en el ámbito de su jurisdicción y competencia, ejercitando el Derecho Administrativo y cuentan con una instancia superior de competencia administrativa para el conocimiento de los recursos jerárquicos o de apelación a la que tienen derecho las entidades supervisadas y los usuarios como medios de defensa, contra las resoluciones administrativas dictadas por las distintas superintendencias sectoriales. Se trata de las Superintendencias Generales y de la Superintendencia de Recursos Jerárquicos, que son órganos que actúan con independencia de criterio y capacidad para resolver los recursos administrativos como una verdadera instancia de puro derecho. Distinguidos participantes: A nombre del Gobierno Nacional y del Excelentísimo señor Presidente de la República, tengo el agrado de inaugurar este seminario organizado por la Superintendencia de Recursos Jerárquicos y el Instituto Internacional de Gobernabilidad, en el que se debatirán aspectos esenciales del Derecho Administrativo y de los Sistemas Regulatorios, como instrumentos esenciales en la administración del nuevo Estado y de la gobernabilidad. Les deseo éxito en las actividades que desarrollaran, al tiempo que doy la bienvenida a los expositores y asistentes del exterior, cuya experiencia será valiosa para los bolivianos.